El alcalde de Palma, abierto a cambios en la ordenanza que prohíbe vivir en las autocaravanas

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha expresado su disposición a realizar cambios en la ordenanza municipal de fomento de la convivencia cívica y ha asegurado que está abierto a llegar a acuerdos con las entidades ciudadanas sin establecer límites previos.

Así lo ha manifestado este viernes en rueda de prensa, un día después de que el pleno de Cort aprobara inicialmente la normativa, que permanecerá en fase de alegaciones durante 30 días. Si no se producen cambios en el calendario, Martínez ha indicado que la intención es someterla a votación definitiva en el pleno previsto para marzo.

"Hago un llamamiento a las entidades, asociaciones, plataformas y vecinos para que participen y aporten sus propuestas con el fin de hacer de Palma una ciudad más segura, cívica y con menos ruido. Hemos planteado una serie de soluciones y estamos abiertos a recibir sugerencias", ha señalado el alcalde.

Preguntado por los periodistas, ha descartado que los concejales del grupo municipal de Vox, cuyo respaldo es necesario para aprobar la ordenanza y que han defendido su contenido en reiteradas ocasiones, hayan impuesto condiciones inamovibles al equipo de gobierno en relación con posibles modificaciones.

"Es más, creo que todos debemos hacer un esfuerzo por mejorarla. Siempre he estado dispuesto a rectificar cuando ha sido necesario, y cualquier propuesta que contribuya a perfeccionar la ordenanza será considerada. No hay restricciones para dialogar y alcanzar acuerdos", ha enfatizado.

Uno de los puntos más controvertidos de la normativa es la regulación del uso de autocaravanas como residencia permanente, que contempla sanciones de hasta 1.500 euros. Este aspecto ha generado un fuerte rechazo entre diversas entidades ciudadanas, algunas de las cuales se manifestaron el jueves frente al Ayuntamiento en señal de protesta.

"La ordenanza establece que las autocaravanas, al igual que cualquier otro vehículo, deben utilizarse como tales. No se trata de prohibir que alguien viva en ellas, sino de evitar la ocupación indebida del espacio público. No obstante, estamos abiertos a debatir y buscar soluciones a cada caso. Lo fundamental es que se cumplan las normas y se respete la convivencia", ha argumentado Martínez.

El alcalde ha subrayado que estas restricciones no excluyen la posibilidad de abordar la situación de vulnerabilidad de quienes se ven obligados a residir en este tipo de vehículos. "El papel del Ayuntamiento es identificar los problemas individuales y ofrecer soluciones dignas dentro del marco legal", ha indicado.

Martínez ha recordado que en 2015 se contabilizaban unas 500 autocaravanas en Palma, mientras que actualmente la cifra ronda las 5.000. "¿Es un problema? Sí. ¿Tiene una dimensión social? También. Debemos abordar ambos aspectos con medidas tanto cívicas como sociales. Estamos dispuestos a estudiar soluciones a corto, medio y largo plazo", ha concluido.