¿Cómo beneficia a Baleares que Hacienda perdone parte de la deuda autonómica?

La propuesta para perdonar 83.252 millones de euros ha generado un intenso debate sobre su reparto y equidad

Penélope O Álvarez | Mallorca, 26 de Febrero de 2025 | 14:04h

El debate sobre la condonación de la deuda autonómica ha vuelto a ocupar el centro de la agenda política tras el anuncio del Gobierno de asumir 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas. Esta medida, que será presentada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), busca aliviar la carga financiera de los territorios, pero también ha generado un fuerte debate sobre su impacto y equidad entre comunidades.

¿QUÉ IMPLICA LA CONDONACIÓN DE LA DEUDA?

El plan del Ejecutivo supone que el Estado asuma una parte de la deuda que las comunidades autónomas han acumulado, principalmente a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), un mecanismo creado en 2012 para garantizar la financiación de los territorios con mayores dificultades para acceder a los mercados. En términos prácticos, esto significa que las comunidades dejarán de pagar una parte de sus obligaciones, trasladando esa carga a la Administración General del Estado.

Pero, ¿qué implica esto para los ciudadanos? En teoría, esta condonación permitirá liberar recursos que antes estaban destinados a pagar intereses y amortizar la deuda, lo que podría traducirse en un aumento de la inversión en servicios públicos esenciales como sanidad, educación o infraestructuras. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre el impacto en la deuda estatal y la equidad del reparto entre territorios.

¿QUIÉNES SON LOS MÁS BENEFICIADOS?

El reparto de la condonación ha sido diseñado en base a varios criterios, incluyendo la población ajustada y la financiación recibida históricamente. En este esquema, las comunidades más beneficiadas serían Andalucía (18.791 millones), Cataluña (17.104 millones) y la Comunidad Valenciana (11.210 millones). Sin embargo, el plan también incluye ajustes específicos para garantizar que ninguna comunidad reciba menos de un 19,3% de condonación sobre su deuda total.

Este reparto ha generado reacciones encontradas. Mientras que algunas comunidades ven la medida como una oportunidad para mejorar su estabilidad financiera, otras critican que el criterio de asignación favorece a territorios con un mayor nivel de endeudamiento en detrimento de aquellos que han gestionado sus recursos de manera más equilibrada.

¿ES UNA MEDIDA JUSTA?

Uno de los puntos más polémicos es la equidad de la medida. Según expertos en financiación autonómica, la condonación puede suponer un alivio para las comunidades con mayores problemas financieros, pero también puede generar agravios comparativos entre regiones. Algunas comunidades, como Madrid o Galicia, que han evitado recurrir al FLA en la misma medida que otras, consideran que la propuesta premia el endeudamiento en lugar de la gestión eficiente.

Además, la deuda que asume el Estado no desaparece, sino que se traslada al conjunto de las finanzas públicas, lo que podría implicar un mayor esfuerzo fiscal en el futuro para compensar el incremento del déficit.

¿CÓMO BENEFICIA A LOS BALEARES?

A pesar de los beneficios que supondría, la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha expresado su rechazo a la propuesta, calificándola de "inaceptable" y argumentando que fue "negociada solo con Cataluña y pensada solo para Cataluña"

Prohens critica que la condonación propuesta dejaría a Baleares por debajo de la media nacional en términos de condonación por habitante, con 1.413 euros por ciudadano balear frente a los 2.133 euros por ciudadano catalán.

Esta postura implica que, de mantenerse el rechazo, Baleares podría perder la oportunidad de reducir su deuda en un 20%, manteniendo la carga financiera actual y limitando los beneficios potenciales para sus ciudadanos.

Aunque la condonación de parte de la deuda de Baleares podría traducirse en mejoras significativas para los servicios públicos y la economía regional, las discrepancias políticas y las percepciones de inequidad en el reparto propuesto podrían obstaculizar la implementación de esta medida en la comunidad.

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