El Parlament convalida el decreto de vivienda tras el pacto PP-Vox y entre los reproches de la izquierda

El pleno del Parlament ha convalidado este martes el decreto ley que prevé el desbloqueo de suelo para la construcción de unas 20.000 viviendas en el término municipal de Palma con los votos del PP y Vox y entre los reproches de los grupos de la izquierda. El decreto 3/2025, de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo mediante la creación de los proyectos residenciales estratégicos (PRE), fue aprobado por el Consell de Govern hace un mes y ha recibido la aprobación de la Cámara autonómica con 32 votos a favor y 24 en contra.

Contempla, en líneas generales, el desbloqueo de suelos urbanos y urbanizables --ya previstos en el Plan General de Palma de 2023-- para construir cerca de 20.000 viviendas, la mitad de ellas en régimen de protección, y la reducción de los plazos a entre un año y medio y dos años. Además, establece que se deberá ceder el 15% del aprovechamiento al Ayuntamiento de Palma para hacer vivienda de protección pública y permitirá incrementar las edificabilidades y densidades de los suelos.

Para acceder a estas futuras viviendas de protección se requerirá al menos cinco años de residencia en el municipio en el que se ubique --de momento, en Palma--, de las cuales el 30% estarán reservadas a jóvenes de menos de 35 años.

MÁS VIVIENDA PARA RESIDENTES

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha sido el encargado de defender una iniciativa que ha considerado que servirá "para atacar uno de los mayores problemas que tenemos como sociedad en Baleares, la falta de vivienda asequible para nuestros residentes". "Es evidente que la falta de vivienda asequible para residentes obliga a tomar medidas extraordinarias. Este es el objetivo y es imprescindible actuar. Eso lo que hace el Govern con un plan de choque con el que se están planificando cerca de 5.000 viviendas asequibles. Esta normativa da un paso más y sigue la misma línea", ha sostenido.

El decreto, ha argumentado, toma como base la conocida como ley Carbonero, aprobada en 2008 por el Pacte. "El problema del suelo y la vivienda ya existía entonces y no ha dejado de crecer. Los precios iban al alza y se han disparado en los últimos años, siendo el de la vivienda un foco de malestar social ante el que no cabe otra cosa que reforzar nuestro compromiso, más vivienda asequible", ha subrayado.

Mateo, por último, ha pedido a las fuerzas políticas que estén "a la altura de la respuesta que exige una situación de emergencia". También ha agradecido a Vox la predisposición a acordar la convalidación y tramitar la normativa --añadiéndole enmiendas-- como proyecto de ley. "Ambos tenemos muy claro que situaciones extraordinarias requieren de medidas extraordinarias que nos permitan recuperar un rumbo perdido tras ocho años de no políticas de vivienda", ha zanjado.

La portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, ha acusado la oposición de causar el problema de acceso a la vivienda en Baleares, que a su juicio es "consecuencia de años de intervencionismo, de políticas ideológicas, de regulaciones absurdas y de una obsesión enfermiza con castigar la propiedad privada, a los empresarios y a los emprendedores".

En el archipiélago, ha argumentado, la oferta "se ha desplomado", los precios "no paran de subir" y "miles de familias no tienen donde vivir". "No se puede solucionar un problema estructural con medidas parche y anuncios vacíos", ha dicho. Para darle solución a esta problemática, ha defendido, hay que construir viviendas, y para ello es necesario "liberar suelo, agilizar licencias, reducir impuestos y garantizar la seguridad jurídica".

Cañadas, de cualquier modo, ha recordado que su formación se opuso en un primer momento al decreto aprobado por el Govern al considerar que "no respondía a intereses generales sino partidistas" y no resolvía el problema de la vivienda, entre otros motivos, porque se limitaba a Palma. "En su redacción inicial era inviable, y por eso exigíamos cambios reales, negociados, con sentido común. Proponemos crear un entorno favorable para que el mercado funcione, para que se construya más, se alquile más y los precios bajen por si solos como consecuencia natural del aumento de la oferta", ha subrayado.

El diputado del PP Mauricio Rovira, ha defendido un decreto que, ha apuntado, se ajusta a los compromisos adquiridos por el Govern. También ha lamentado que la izquierda, lejos de apoyar la iniciativa, no haya hecho propuestas.

REPROCHES DE LA OPOSICIÓN

El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha considerado que el decreto es "profundamente antidemocrático", pues pasa por encima del Plan General de Palma de 2023. Éste, ha ahondado, preveía 10.000 viviendas de protección oficial (VPO), y ahora al incluirse las de precio limitado las cuantías que deberán abonar los residentes serán un 30% superiores.

El socialista también ha lamentado que la normativa convalidada implicará que no se construyan los equipamientos y servicios públicos que estaban previstos en el plan, convirtiendo Palma "en una ciudad de lujo y para promotores". "No se han cansado de decir que es para los trabajadores, ¿pero alguien de ustedes se han molestado en consultar el convenio de hostelería y ver cuánto cobra un trabajador? Una camarera de piso, 1.600 euros al mes. Con el Plan General podría acceder a una VPO, pero esta señora está excluida de su decreto ley", ha recriminado.

En una línea similar se ha expresado el diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa, quien ha lamentado que el "negocio de unos pocos pase por encima de la vida de los mallorquines". "Se llenan la boca de medidas urgentes, pero para proteger a las personas nada", ha apuntado. "Si ustedes quisieran aumentar la oferta de vivienda lo harían con aquellas que ya están listas o que necesitan un rehabilitación mínima. Y si consideraran que hay que hacer construcciones de nueva planta, empezarían por aquellas que ya tienen dotaciones. Esto no es necesario, sino que tiene un motivo: que un par se forren a manos llenas", ha señalado.

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha asegurado que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la figura del silencio positivo. "Cuando el Tribunal Constitucional diga que no se puede dar un permiso de edificación por silencio positivo ya veremos qué pasa con estas viviendas", ha advertido.

PROYECTO DE LEY

El decreto, en virtud del acuerdo alcanzado entre el Govern y Vox escenificado el lunes en una rueda de prensa y del apoyo que el pleno ha dado a esta posibilidad, comenzará ahora a tramitarse como proyecto de ley para incluir las enmiendas exigidas por los de Santiago Abascal.

A grandes rasgos, las modificaciones que está previsto que se añadan contemplan la extensión de los PRE a los 24 municipios de Baleares de más de 10.000 habitantes, la posibilidad de desarrollar proyectos urbanísticos en áreas de transición --lo que implicará reclasificar suelo rústico-- en los 12 municipios de más de 20.000 habitantes y la exclusión de las personas condenadas por delitos de allanamiento de morada o usurpación de las ayudas en materia de vivienda.

La futura ley mantendrá la obligación de que al menos la mitad de las viviendas sean o bien de protección pública o bien de precio limitado. Se deberá ceder un 15% del aprovechamiento del suelo a los respectivos ayuntamientos para, entre otras cosas, facilitar el acceso a la vivienda a funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sanitarios, docentes o de Justicia.