Vox condiciona los presupuestos de Baleares al bilingüismo en las aulas y a derogar la ley de memoria

Vox insiste en los temas relacionados con la lengua en la educación y función pública y la derogación de la ley de memoria democrática como sus demandas en las negociaciones para aprobar presupuestos autonómicos.

"Hasta que la deroguemos", ha dicho este miércoles la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, tras ser preguntada por las negociaciones, de las que ha apuntado que "mejor no hacer declaraciones" hasta que no haya acuerdo.

En este sentido, ha señalado que Vox "siempre" pone "todo sobre la mesa", como el "bilingüismo real" en las aulas y la derogación de la ley de memoria. No obstante, Cañadas ha apuntado que en una negociación hay que ceder.

"Para que haya presupuestos se tienen que hacer muchas cosas, una de ellas estaría bien que fuese esta", ha considerado la portavoz sobre la ley de memoria, agregando que Vox "pide la carta a los reyes magos y luego verán lo que les traen".

Igualmente, ha asegurado que el tema de la lengua en la educación "es lo primero". "Está clarísimo, vamos a ver a qué acuerdos llegamos", ha zanjado.

En relación con la posibilidad de alargar el periodo de sesiones para aprobar los presupuestos, Cañadas ha indicado que su formación está de acuerdo "en todo lo que sea trabajar". "Depende del Govern aprobar los presupuestos, si da tiempo fenomenal y, sino, podemos seguir trabajando", ha considerado.

INCREMENTO DE LA INSEGURIDAD

Por otro lado, la portavoz de los de Abascal ha criticado el "incremento de la inseguridad" en las Islas con un aumento, a su parecer, de la delincuencia reiterada.

"Estas semanas hemos vivido un aumento exponencial de la inseguridad en Baleares, fruto de la invasión que estamos sufriendo", ha dicho, a la vez que ha pedido iniciativas "eficaces y deportaciones masivas" como una medida de "sentido común" para "recuperar la seguridad en las calles".

Por último, ha señalado que Baleares es la segunda comunidad autónoma con mayor número de 'okupaciones' y ha exigido al Govern y al Gobierno central una respuesta "contundente e inmediata" ante lo que considera una "crisis de seguridad pública".