Violenta agresión de una pareja a una mujer en un 'pipi-can' de Palma

Agentes de la Unidad de Intervención Inmediata (UII) de la Policía Local de Palma fueron comisionados en la mañana del 7 de marzo, a la calle Gabriel Carbonell, como consecuencia de una agresión múltiple a una persona.

Una vez en el lugar, apoyados por otra unidad de Policía Local, y dos de la Policía Nacional, verificaron que las personas implicadas habían cesado los enfrentamientos físicos. Por un lado, un varón de 24 años de edad y su pareja, menor de edad, la cual se hallaba embarazada, y, por otro lado, una mujer de 50 años de edad. Todos ellos de nacionalidad española.

Según se desprendió de las manifestaciones recabadas, se había producido una agresión como consecuencia de un incidente ocurrido entre usuarios de un “pipi-can”, a partir de una patada que el varón propinó a un ejemplar de raza Husky de la mujer citada.

Testigos presenciales manifestaron que la pareja agredió con contundencia a la propietaria del perro, la cual precisó asistencia médica. Posteriormente, presentó denuncia penal por los hechos, relatando, además, amenazas de muerte al perro y otras contra ella misma.

Temerosa por su integridad física, solicitó una orden de alejamiento.

La joven embarazada manifestó haber sido objeto de una patada en el estómago sin que los actuantes apreciaran lesión alguna. Sí, que la mujer de mediana edad presentaba síntomas compatibles con una agresión.

A última hora de la tarde del mismo día, un nuevo requerimiento motivó que agentes del GAP acudieran a la zona, al haberse producido de nuevo un conflicto entre las partes, nuevamente en el “pipicán”. En esta ocasión el enfrentamiento fue verbal, en el que participó la hermana de la joven embarazada, profiriendo amenazas y exigiendo que no volviera al recinto para animales. Datos aportados en la segunda denuncia que interpuso por los hechos, en la que la mujer volvió a expresar miedo, y reiteró la solicitud de una orden de alejamiento.

Especialistas de la Sala de Atestados agruparon toda la información y la remitieron a la autoridad judicial y a la Fiscalía de menores, por la presunta comisión de los delitos leves de lesiones y amenazas.

A día de hoy no se tiene constancia que los hechos se hayan vuelto a producir.